Por primera vez en la historia judicial de la provincia se sometió a debate oral y público a una persona acusada de realizar una amenaza de bomba. En esta oportunidad se sentó en el banquillo Matteo Santiago Galván, un joven de 21 años que trabajaba como agente policial, que está imputado por el delito de intimidación pública en perjuicio de la Secretaría de Trabajo.
Según explicaron en la Unidad Fiscal de Cibercriminalidad, conducida por Carlos Saltor, el hecho ocurrió el 28 de julio de 2023, pasadas las 8. Mientras Galván se encontraba prestando servicios de parada en las inmediaciones de las calles Crisóstomo Álvarez y Mariano Moreno, realizó una llamada anónima desde su teléfono particular hacia la Secretaría de Trabajo, ubicada en la esquina donde Galván estaba trabajando, y advirtió que había una bomba instalada en el establecimiento, provocando tumulto y caos. Debido a la falsa alarma el personal y los civiles que se encontraban en la Secretaría, al igual que las personas que estaban en los comercios cercanos, tuvieron que ser evacuados y las audiencias fijadas para esa fecha, reprogramadas.
“Este hecho no fue cometido por un novato, no fue cometido por un niño o un adolescente que buscaba hacer una travesura, o que simplemente evitaba un examen en su colegio sin medir las consecuencias de sus actos y sin saber todo el despliegue policial que esto conllevaba y todo el gasto millonario que causó al Estado ese día. Este hecho fue cometido por un policía, por un funcionario público que juró garantizar el orden y la seguridad de nuestra ciudad y en su lugar atentó contra ella. Además, cuenta con la preparación suficiente para dimensionar lo que estaba sucediendo y la consecuencia de sus actos”, manifestó la auxiliar fiscal Jessi Luz García en su alegato de apertura, quien adelantó que la pretensión punitiva de la Fiscalía es de cuatro años de prisión.
La teoría que maneja el Ministerio Público Fiscal sostiene que el imputado, además de efectuar la falsa alarma, fingió querer ayudar en el procedimiento de evacuación.
El defensor de Galván, Facundo Peñaloza Costilla, reafirmó su inocencia. “Considero que debe realizarse una investigación a fondo para encontrar al culpable de este hecho. A lo largo del juicio no vamos a ver ninguna prueba contundente que compruebe que Galván realizó la amenaza de bomba. De todo esto lo único que surge es la mala suerte de Galván de haber estado cumpliendo jornada ese día y en ese horario y de haber prestado su convicción de servicio y haber prestado su móvil”, argumentó.
El imputado, por su parte, prefirió guardar silencio en la jornada inicial del juicio y adelantó que hablará sólo en la etapa final por recomendación de su representante.
El primer testigo en pasar a declarar frente al juez Guillermo Taylor fue Ricardo González, la persona que recepcionó el llamado con la amenaza. “Recuerdo que ese día recibí una llamada entre las 8.05 y las 8.10 diciéndome ‘van a tener novedades; tienen que salir todos porque hay una bomba’, y me cortó”, contó.
González dijo que apenas colgó el teléfono advirtió a su jefe de lo que sucedía y que este le recomendó hablar al 911, pero antes de poder hacerlo un oficial se presentó en la institución informándole que ya había sido alertado de la amenaza. “Me sorprendió que después de ocho o 10 minutos de la llamada llegó el policía, porque nosotros no habíamos ni llegado a llamar al 911”, señaló.
El oficial Franco Antonio Yarancón, quien al momento del hecho trabajaba en el piso del 911 recibiendo llamados, testificó en línea parecida a González y dijo que esa mañana tomaron conocimiento del hecho porque llamaron desde Distritos Urbanos para informarles de la amenaza. “El oficial me dijo que un oficial de parada le avisó y que él ya había enviado a dos ciclos”, indicó.
Durante la audiencia también se expuso el video de la cámara de seguridad instalada en la calle Crisóstomo Álvarez -apuntando en dirección a la Moreno- en el cual se visualiza a Galván los minutos previos a la intimidación, y se exhibieron los celulares y el chip secuestrados durante un allanamiento realizado al domicilio del imputado el pasado 19 de septiembre. (Producción periodística: Micaela Pinna Otero).
Controversia: diferencia en un expediente
Durante el interrogatorio de Ricardo González salió a la luz una diferencia en el acta de la declaración preliminar que había brindado en la Fiscalía de Delitos Complejos, antes de que la de Cibercrimen intervenga. En el debate el testigo dijo que oyó una voz masculina joven. El defensor quiso marcar una contradicción ya que en el documento que tenía en su poder, González habría dicho que era un hombre de 45 años. Sin embargo, el acta de la Fiscalía no indicaba ninguna edad, sino que decía que era una voz adulta. El juez pidió que para el final del debate se dé claridad al asunto.
Celeridad: el juicio se desarrolla a paso rápido
Estaba previsto que durante el debate se presentasen ocho testigos frente al Tribunal. Sin embargo, ayer las partes desistieron de dos de ellos, por lo que la lista se redujo. Durante esta jornada declararon cuatro testigos: quien recepcionó la llamada con la amenaza, el oficial que labró el acta de allanamiento, el oficial del 911 que realizó el ticket de la denuncia y la cabo que extrajo los videos de las cámaras de seguridad. Hoy declararán los dos testigos restantes y las partes expondrían sus alegatos finales. La sentencia podría conocerse entre hoy y mañana.
Pesquisas: el acusado, en la mira de la Justicia Federal
Este no sería el único proceso en el que estaría involucrado el agente Mateo Galván. Fuentes policiales confirmaron que el uniformado, que está cerca de ser expulsado de la fuerza,tendría dos expedientes abiertos en la Justicia Federal. Según trascendió, habría sido acusado de ataques intimidatorios registrados el año pasado en la escuela Sarmiento y en el Gymnasium. Al tratarse de establecimientos educativos que dependen de la Universidad Nacional de Tucumán, las causas pertenecen al fuero federal.